Características generales: ¡Recuerda!

Vista la imposibilidad de respuesta legal, debemos, a la vista de las distintas interpretaciones doctrinales existentes para conocer, en relación con la consulta formulada qué prestaciones pueden tener como destino del contrato menor.

Contrato Menor

El contrato menor obedece a la necesidad de satisfacer de forma rápida determinadas necesidades a través de un procedimiento ágil y sencillo por escaso importe económico y por un corto periodo de tiempo, siempre y cuando no se infrinja la normativa en materia de contratación pública y no se fraccione el objeto del contrato para eludir la aplicación de dicha normativa.

Por lo tanto, de forma esquemática, atendiendo a lo indicado anteriormente, los contratos menores deben:

> Ser inferiores a unos límites máximos económicos:

CONTRATO DE OBRAS
debe ser inferior a 40.000 €
CONTRATO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
debe ser inferior a 15.000 €

>El adjudicatario debe tener capacidad de obrar y estar habilitado profesionalmente.

>Necesidad de satisfacer rápidamente las prestaciones que pretenden cubrirse.

No debe olvidarse que el contrato menor supone una excepción de los principios de libertad de acceso a las licitaciones y publicidad, así como la inaplicación del deber de libre competencia que debe regir en la contratación pública, por ello, como norma general debe tratarse la tramitación de los contratos menores con mucha precaución y teniendo en cuenta el carácter totalmente excepcional.

Instrucción 1/2019, de 28 de febrero de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

En este sentido, esta instrucción tiene carácter vinculante para la entidad a la que me dirijo, pone de manifiesto que:

Por otro lado, no debe olvidarse que la existencia del contrato menor radica en el propósito de dotar de mayor agilidad la contratación y cubrir de forma inmediata las necesidades de escasa cuantía que en cada caso resulten necesarias. Por ello, el contrato menor ha gozado ‒hasta la entrada en vigor de la nueva ley‒ del no sometimiento a muchos de los principios generales de la contratación: la publicidad, la libre concurrencia entre los licitadores y la transparencia del procedimiento.