El tratamiento del objeto del contrato en la LCSP

Artículo 99 Objeto del contrato.

Apartado 1

El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.

Apartado 2

No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

 

Apartado 3

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

La elección del procedimiento de adjudicación y consecuente aplicación de las reglas de publicidad y adjudicación son consecuencia de la definición correcta del objeto y precio del contrato.

Esta definición es competencia del poder adjudicador, como señala el art. 28 de la LCSP y entre otras, la Sentencia del TSJ del País Vasco de 27 de marzo de 2015 (JUR 2015/116570).

Ello hace necesario que el objeto del contrato sea completo y que el precio guarde concordancia con ello.

La nueva Ley de contratos no prohíbe el fraccionamiento del contrato. Lo que persigue es evitar el fraccionamiento ilegal de los contratos para, precisamente, sustraer el contrato de las reglas de publicidad y concurrencia.

En España ha existido una preocupación por esta cuestión. Tanto que los más mediáticos casos de corrupción han tenido que ver con la indebida aplicación de las reglas de la adjudicación del contrato.

Normalmente, lo pretendido ha sido utilizar la figura del contrato menor –que ahora ve reducido su importe y presenta límites especiales cuando se celebran varios contratos con un mismo empresario– o el uso del procedimiento negociado sin publicidad justificado en el valor estimado del contrato –que desaparece en la nueva LCSP–.

La LCSP regula la forma de cálculo del valor estimado en el art. 101. Incluye todas las previsiones de la Directiva 2014/24 y prohíbe elegir el método para calcular el valor estimado con la intención de sustraer el contrato a la aplicación de las normas de adjudicación que correspondan. Por primera vez, se obliga a que el método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado en todo caso figure en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Ello va a requerir un ejercicio para el que necesariamente deberán conocerse las reglas para la determinación apropiada del objeto del contrato.